Tener una factura impagada no significa que haya que resignarse o embarcarse en un largo proceso judicial. El procedimiento monitorio es la vía legal más ágil que ofrece el ordenamiento español para reclamar deudas documentadas, y puede iniciarse sin necesidad de abogado en los casos de menor cuantía. Sin embargo, desde 2025 existe un requisito previo que muchas empresas desconocen y que puede determinar la admisión o el rechazo de la petición. Conocer bien cómo funciona este procedimiento, qué documentación exige y cuáles son sus límites permite utilizarlo con eficacia cuando la situación lo requiere.
¿Qué es un procedimiento monitorio?
El procedimiento monitorio es un proceso judicial especial regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Su finalidad es facilitar el cobro rápido de deudas dinerarias mediante una tramitación simplificada que, cuando el deudor no se opone ni paga, permite obtener un título ejecutivo sin necesidad de celebrar un juicio.
La lógica del procedimiento es inversa a la de un juicio ordinario. En lugar de que el acreedor tenga que demostrar exhaustivamente su derecho y esperar una sentencia, el juez requiere al deudor para que pague o explique por qué no lo hace. Si el deudor guarda silencio o no comparece, se despacha directamente la ejecución. La carga de actuar recae sobre quien debe, no sobre quien cobra.
Está regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Requisitos de la deuda: cuándo es posible utilizar este procedimiento
No cualquier reclamación puede canalizarse a través del procedimiento monitorio. El artículo 812 de la LEC indica que a través de este procedimiento se podrán reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles de cualquier cuantía.
Estos cuatro requisitos deben concurrir de forma simultánea:
- La deuda debe ser de dinero. No es posible utilizar el monitorio para reclamar la entrega de bienes, la prestación de servicios o cualquier otra obligación que no consista en el pago de una cantidad de dinero.
- Líquida. La cantidad reclamada debe estar perfectamente determinada. No procede este procedimiento para reclamaciones cuyo importe dependa de una valoración, estimación o cálculo pendiente de realizar.
- El plazo de pago debe haber transcurrido en su totalidad. Una deuda cuyo vencimiento no ha llegado todavía no puede reclamarse por esta vía.
- No debe existir ninguna condición o circunstancia que impida al acreedor exigir el pago en el momento en que presenta la petición.
En cuanto a la cuantía, no existe límite máximo desde la reforma de la Ley 37/2011. Pueden reclamarse tanto deudas de escaso importe como cantidades de cualquier magnitud, lo que amplía considerablemente el ámbito de aplicación de este procedimiento.
La documentación necesaria para acreditar la deuda
La clave del procedimiento monitorio está en la documentación. La petición inicial debe ir acompañada de documentos que acrediten la existencia de la deuda de forma suficiente, aunque sin necesidad de aportar una prueba plena como la que se exigiría en un juicio ordinario.
La legislación procesal civil establece como documentos válidos: documentos firmados por el deudor o con sello, marca o señal electrónica; facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, fax u otros documentos habituales en la relación entre las partes; y documentos comerciales adicionales que prueben una relación continuada.
En la práctica empresarial, los documentos más habituales que sirven de base para una petición monitoria son las facturas, los contratos firmados, los albaranes de entrega, los correos electrónicos que acrediten la aceptación del servicio o del pedido, o cualquier comunicación escrita en la que el deudor reconozca la existencia de la deuda.
Lo que el juzgado valora es que los documentos aportados constituyan un principio razonable de acreditación del crédito, no que prueben de forma incontrovertible todos los extremos de la relación comercial. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha mantenido una interpretación flexible de este requisito, lo que da margen suficiente para actuar con la documentación habitual de cualquier operación mercantil bien gestionada.
Novedad esencial desde 2025: el requisito MASC previo
Este es el cambio más relevante que ha experimentado el procedimiento monitorio en los últimos años y el que más empresas desconocen. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, establece que el intento previo de un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) es requisito de procedibilidad para presentar demanda monitoria, juicio verbal o juicio ordinario en reclamación de deudas comerciales entre empresas.
En términos prácticos, esto significa que antes de presentar la petición inicial ante el juzgado, la empresa acreedora debe acreditar que intentó resolver el conflicto por vía extrajudicial. Si no puede demostrarlo, el juzgado puede inadmitir la petición.
Qué se considera un MASC válido
La ley no exige que la negociación previa haya tenido éxito, solo que se haya intentado de buena fe. El artículo 4 de la LO 1/2025 enumera las vías válidas: mediación, conciliación pública o privada, negociación directa documentada, oferta vinculante confidencial, derecho colaborativo, opinión neutral de una persona experta y cualquier otro instrumento reconocido en el ordenamiento.
En el contexto de la reclamación de facturas impagadas entre empresas, el mecanismo más ágil y habitual es la oferta vinculante confidencial, que permite al acreedor dejar constancia de que propuso una solución al deudor sin necesidad de organizar un proceso de mediación complejo. También se acepta con frecuencia el burofax con propuesta de pago o la conciliación ante notario, registrador, Letrado de la Administración de Justicia o juez de paz.
Cómo acreditar el intento de MASC
La demanda debe incluir la descripción del proceso de negociación previo o su imposibilidad. Se considera cumplido el requisito con la utilización de medios como el burofax, el acta notarial, el certificado de órgano de conciliación, o la intervención de un mediador o tercero cualificado que acredite el intento de llegar a un acuerdo.
El error más frecuente es confundir una reclamación informal con un MASC válido. Un simple correo electrónico reclamando el pago puede no ser suficiente si no deja constancia fehaciente de que se ofreció al deudor una vía real para resolver el conflicto. La documentación del intento de MASC debe ser rigurosa, porque el juzgado la revisará antes de admitir la petición.
El procedimiento monitorio paso a paso
Presentación de la petición inicial
La petición inicial se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor. La petición puede presentarse mediante formulario normalizado y debe contener la identidad del deudor, el domicilio de acreedor y deudor, el origen y cuantía de la deuda, y acompañarse de los documentos acreditativos. También debe acreditarse el cumplimiento del requisito MASC previo.
Para la presentación de la petición inicial no es obligatoria la intervención de abogado ni de procurador, con independencia de la cuantía de la deuda reclamada. Este es uno de los aspectos que hacen del monitorio un procedimiento especialmente accesible para las pequeñas y medianas empresas.
Examen de la petición y requerimiento de pago
El Letrado de la Administración de Justicia verifica que concurren los requisitos del artículo 812 y siguientes de la LEC. Si la petición es admitida, se dirige al deudor un requerimiento de pago en el que se le concede un plazo de veinte días hábiles para pagar, para comparecer ante el tribunal y alegar razones por las que no debe la cantidad reclamada, o para acreditar el pago si ya se ha producido.
Las tres salidas posibles
Una vez notificado el requerimiento al deudor, el procedimiento puede evolucionar de tres formas distintas:
- El deudor paga: es el escenario más favorable para el acreedor. El procedimiento termina y se archivan las actuaciones.
- El deudor no paga y no se opone: en este caso, el Letrado de la Administración de Justicia procede directamente a despachar la ejecución, continuando por los trámites del procedimiento ejecutivo. El acreedor obtiene un título ejecutivo sin necesidad de sentencia, lo que permite embargar bienes del deudor.
- El deudor se opone dentro del plazo: si el deudor se opone dentro del plazo legal de veinte días hábiles, el procedimiento se convierte en un juicio verbal o juicio ordinario según la cuantía, lo que retrasa la resolución y encarece el proceso, pues en esos casos sí es obligatoria la presencia de abogado y procurador si la cuantía supera los 2.000 euros.
¿Cuándo son necesarios un abogado y un procurador?
La necesidad de contar con representación legal varía según el momento procesal y la cuantía de la deuda. Para la petición inicial del procedimiento monitorio, no es obligatoria la intervención de abogado ni procurador en ningún caso, con independencia de la cuantía reclamada.
Si la cuantía de lo reclamado supera los 2.000 euros, la petición inicial de proceso monitorio está sujeta, para las personas jurídicas, a una cuota fija de 100 euros más una cuota variable en razón a la cuantía reclamada en concepto de tasas judiciales. Las personas físicas están exentas del pago de tasas judiciales en el procedimiento monitorio.
Si el deudor se opone y el asunto pasa a juicio verbal, será obligatoria la intervención de abogado y procurador cuando la cuantía supere los 2.000 euros. Si el asunto se reconduce a juicio ordinario —cuantías superiores a 15.000 euros—, la intervención de ambos profesionales es siempre obligatoria.
Cuándo conviene utilizar el procedimiento monitorio y cuándo no
El procedimiento monitorio es especialmente adecuado en situaciones concretas. Resulta la vía más eficiente cuando la deuda está perfectamente documentada, el importe es claro y determinado, y existe una probabilidad razonable de que el deudor no vaya a oponerse formalmente. En esos casos, puede obtenerse el título ejecutivo en un plazo de entre tres y seis meses, con un coste muy inferior al de un juicio ordinario.
Por el contrario, no es la mejor opción cuando la existencia o el importe de la deuda es discutido, cuando la documentación disponible es escasa o ambigua, o cuando el deudor ha manifestado expresamente su intención de oponerse. En esos casos, la oposición del deudor transformaría el monitorio en un procedimiento declarativo, con el coste adicional y el retraso que eso implica.
Tampoco debe perderse de vista el plazo de prescripción de la acción. En las deudas comerciales entre empresas, el plazo general de prescripción es de cinco años conforme al artículo 1964 del Código Civil, aunque pueden aplicarse plazos específicos según el tipo de crédito. Presentar la petición monitoria interrumpe el plazo de prescripción, por lo que actuar con rapidez ante el primer impago es siempre más recomendable que esperar.
En Arrabe Asesores contamos con un equipo especializado en asesoramiento jurídico y mercantil que puede ayudarte a evaluar si el procedimiento monitorio es la vía adecuada para tu reclamación, gestionar la acreditación del requisito MASC previo y acompañarte durante todo el proceso. Consúltanos sin compromiso.
¿Se pueden reclamar intereses de demora y gastos de cobro además de la factura?
Sí. En las operaciones comerciales entre empresas, la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad permite reclamar intereses de demora, que se devengan automáticamente desde el día siguiente al vencimiento sin necesidad de requerir antes al deudor. Si no se pactó otro tipo, el interés legal es el del Banco Central Europeo más ocho puntos. Además, se puede reclamar una indemnización de 40 euros por los costes de cobro. Ambos conceptos se incluyen en la petición inicial junto al principal, indicando cómo se han calculado.
¿Qué ocurre si el deudor está en concurso de acreedores?
El monitorio no es la vía adecuada. Una vez declarado el concurso, el crédito debe comunicarse a la administración concursal dentro del plazo legal, y su cobro queda sujeto al orden de pago del concurso. Por eso conviene comprobar la situación del deudor (por ejemplo, en el Registro Público Concursal) antes de iniciar el procedimiento y de invertir tiempo y tasas.
Si el deudor no paga ni se opone, ¿cómo se cobra realmente la deuda?
Obtener el título ejecutivo no garantiza el cobro: después hay que localizar bienes del deudor. En la ejecución se puede solicitar el embargo de cuentas bancarias, devoluciones tributarias, créditos frente a terceros, nóminas (dentro de los límites legales) o bienes muebles e inmuebles. Si no se conocen bienes, el juzgado puede realizar una averiguación patrimonial consultando organismos y registros. Si el deudor resulta insolvente, la ejecución puede quedar archivada provisionalmente hasta que aparezcan bienes.






