El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, marcaba la obligación para las empresas de llevar a cabo un registro salarial obligatorio. Esta medida se encuentra dentro del plan de desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo.
Lo que se pretende es garantizar que los salarios que la empresa pague a los empleados sea el salario justo, que quede constancia y que no haya margen para la discriminación por género.